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Por – José Martin Noriega
“Todas las leyes que apoyan la impunidad caen” – (Baltasar Garzón)
Luego de firmarse con bombos y platillos el Acuerdo de La Habana, sobre el que muchos pregonaron como el fin del conflicto, vociferando que veríamos a Colombia convertida en un remanso de paz y tranquilidad, sobre lo cual se rasgaron las vestiduras los pusilánimes y badulaques que, incumpliendo el mandato constitucional de las urnas en donde ganó el NO, pensaron que el asunto sería cuestión de unos días y que ellos, los amanuenses del genuflexo gobierno, impondrían su voluntad y que en el Congreso todo sería pedir y recibir, se están yendo de bruces ante la realidad que políticamente han encontrado, al punto que se les están convirtiendo en un palo en la rueda para que personajes sentenciados y condenado por crímenes de lesa humanidad puedan salirse con la suya y se pavoneen por la geografía colombiana.
Con la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz se creía que se solucionaba el problema y la impunidad rampante pasaría de agache ante la sociedad que no reaccionaría con respecto al cúmulo de burlas a que ha sido sometida, en donde se ha irrespetado a todo el mundo, bajo el eufemístico nombre de la paz y el post conflicto, siendo que, por ahora, ni lo uno ni lo otro y sí en cambio la genocidas se arrogan posiciones de demócratas y pretenden desde ya empezar a fungir como paladines de la misma, creyéndose estadistas.
Muchos de los áulicos del gobierno repican que prefieren a los guerrilleros echando discursos que echando bala y sobre esas falsas premisas han cimentado una sarta de mentiras para que la sociedad del común termine por aceptar esa vagabundería sobre la cual intenta imponer sus fatuos y trillados discursos, al punto que se sienten ofendidos cuando alguien les grita que son unos asesinos y bandoleros, como si el hecho de haber aceptado sus imposiciones hacia el gobierno los hiciera inmune a las sanciones, o, lo que es peor, como si el haber firmado esos aberrantes acuerdos los exculpara de cualquier responsabilidad y es por ello que, en un acto de arrogancia y soberbia, prefirieron mantener el nombre que a través de sesenta años los situó en la cúspide de la vergüenza social, llevándose por delante a medio país que vivió bajo el símbolo del terror que han significado esas cuatro letras y que ellos ahora quieren hacer florecer como el reverdecer de la patria.
No podemos desconocer que el fin esencial de todo proceso de paz es el de cambiar los fusiles por votos, pero sin olvidar que los votos deben ganárselos y no, como ocurre aquí, que el gobierno alcahueta se los ofrece en bandeja como un premio a su reinserción a la vida civil, además de una serie de gabelas sobre las cuales harán su proselitismo político y se llevarán parte de la tajada presupuestal, mientras el común de la gente tiene que batallar y rebuscarse cualquier grano de arroz para la subsistencia, haciendo énfasis en que suena aberrante y vergonzoso que los miembros del secretariado aparezcan como epónimos luchadores y combatientes de la desigualad e inequidad social, cuando fueron ellos mismos quienes convirtieron los campos y ciudades de la república en verdaderos campos de batalla, dejando desolación a su paso.
Sin embargo, ha trascendido que existe una ponencia en la Corte Constitucional en la cual se señala que cumplir las sanciones, participar en política y ocupar cargos públicos son “materialmente irreconciliables”., conjuntamente con que el ejercicio de un cargo estatal exige total dedicación, libertad y tiempo completo, lo cual resulta incompatible con una sanción restrictiva de la libertad, aun tratándose de una pena alternativa, resaltando que la pena y la participación política al mismo tiempo mostrarían escenarios inconstitucionales, habida cuenta que la sanción impuesta no pasaría de ser un saludo a la bandera, por cuanto el Estado faltaría a su impostergable deber de investigar, juzgar e imponer sanciones reales para los graves crímenes y de lesa humanidad, con lo cual se atentaría contra el derecho a la justicia de las víctimas.
Dicha ponencia plantea también modificar lo relacionado con la participación política de los exguerrilleros, por cuanto el acuerdo de paz plantea que las sanciones que imponga la JEP no los inhabilitarán para su participación en política, al igual que congela los efectos de sentencias de la justicia ordinaria hasta que la jurisdicción de paz asuma esos expedientes, razón por la cual los reinsertados quedaban habilitados para votar o para aspirar a algún cargo de elección popular, y ello sin pasar por la justicia ni haber exculpado o purgado sus crímenes, mejor dicho, si sigue así la situación la sociedad le quedará debiendo a los bandoleros, quienes no se conforman con el perdón, sino que quieren llegar al poder, todo ello con la anuencia y alcahuetería de un gobierno blandengue y timorato.
Lo más vergonzoso del tema es que aquellos que participaron de esa encerrona en La Habana, ahora quieren postular su nombre para que los colombianos voten por ellos en las urnas y sigamos en esta payasada impuesta por quienes solamente tienen en cuenta sus intereses particulares y se han olvidado que tras largos años de afrenta social y derramamiento de sangre no es posible que de un momento a otro aparezcan estos genocidas a imponer su voluntad y dándoselas de líderes sociales y demócratas pretendan guiar los destinos de la patria a través de unas curules regaladas, sin que para obtener la mismas hayan hecho el menor esfuerzo, mientras sus crímenes de lesa humanidad pudiesen replegarse en la más absoluta impunidad, mientras todos esperamos un pronunciamiento de la Corte Penal Internacional, ya que no es posible que el castigo que esta jurisdicción impone se pierda en la inmensidad de tanta vagabundería gubernamental. Amanecerá y veremos.
Bogotá D C, 12 de noviembre de 2017
