viernes, diciembre 15, 2017
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La Corte Constitucional y el acuerdo de la Habana

Por: José Martin Noriega

Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”. (Sócrates)

            Después de tantos ires y venires, en medio de tal incertidumbre y un cúmulo de especulaciones y posiciones encontradas que asomaban desde varios ángulos de la sociedad y en medio de controversias relacionadas con la decisión que tomaría la Corte Constitucional respecto de a la transitoriedad de la Jurisdicción Especial para la Paz que destrabaría los Acuerdos de La Habana, y bajo la zozobra sobre qué pasaría si las cosas no se ajustaban a lo pretendido y sin saber la posición que asumiría la insurgencia, el alto tribunal destrabó el asunto y sentó un precedente, obviamente que haciendo algunos ajustes que de igual forma han recibido sables y mandobles de todos los sectores de la sociedad, en medio de la más absurda polarización en la que está convertida esta Bananas Repúblicas.

            Es bien sabido que en otros procesos similares surtidos en otras latitudes, la conformación constitucional ha tardado un poco más que en nuestro país y los defensores acérrimos y a ultranza de estos acuerdos le enrostran a la sociedad que este proceso de pacificación es modelo en todo el mundo, reiterando que a partir de este momento se convertirá en paladín y arquetipo para otros conflictos, aunque es imperativo decir, -y eso no lo dicen los áulicos del gobierno-, que la diferencia radica en que en otros puntos del planeta se negoció con insurgentes o separatistas, mientras aquí se negoció con narcotraficantes y criminales y allí radica la diferencia, lo cual permite inferir que las diferencias son muy marcadas.

            Con relación a la aprobación que impartió la Corte Constitucional al Acto Legislativo 01 de 2017 en el cual se cimientan los postulados y estructura de la justicia especial para la paz, tal hecho reviste inusitada trascendencia por cuanto de ahí se desprenderá el futuro transicional que llevará a Colombia por los caminos de la reconciliación y la tolerancia, siempre que ello se muestre coherente con algunos requisitos exigidos por la Corte Penal Internacional, los cuales no pueden ni deben ignorarse porque en la puerta del horno de puede quemar el pan y, sin aspavientos ni eufemismos, entrará a poner orden en la cocina y aplicará las sanciones mínimas requeridas y las cuales aquí ni siquiera están siendo consideradas por nadie, es decir, aparte de perdonarlos y no castigarlos, le estaremos dando un premio político para que vayan al congreso a legislar e impartir justicia; al ritmo que vamos, le quedaremos debiendo a la insurgencia por haber tenido la deferencia de silenciar sus fusiles y cilindros bombas.

            El punto de ebullición, aparte del no castigo penitenciario, es el de la participación en política de los miembros de las Farc, habida cuenta que la Corte protegió el denominado aspecto fundamental de hacer el tránsito de cambiar las armas a los votos, aunque se requiere que los mismos deben cumplirle a las víctimas con la aplicación de los preceptos de verdad, reparación y garantía de no repetición a través de las diferentes instancias que para ello diseñará la Jurisdicción  Especial para la Paz, haciendo énfasis en que si no cumplen con tales exigencias, estarán impedidos para desempeñarse en cargos de elección popular.

            Sin embargo, se escuchan voces de inconformidad con relación a la conformación de esos tribunales y los requisitos que se deben cumplir para ocupar dichos cargos y algunos han querido colgarle otros que pudieran hacer inviable su conformación y es por ello que el alto tribunal decidió que quienes lo integren deberán someterse al mismo estatus disciplinario que el de la justicia ordinaria, al igual que aprobó que sólo la Corte Constitucional podrá revisar las tutelas interpuestas contra ella.

Aquí baste resaltar que todo cuánto se decida en el congreso habrá de pasar por el control constitucional u y ello es prenda de garantía de que no habrá micos colados y todo aquello que atente contra la Norma Superior no podrá pasar el riguroso examen y el movimiento político surgido de la insurgencia entienda que todo tiene un mínimo costo y ellos no pueden pasar de agache ante la realidad de los hechos y sus consecuencias.

Bogotá D C, 20 de noviembre de 2017

 

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